Más de una década después de que ISIS cometiera genocidio contra el pueblo ezidí, el programa de reparaciones de Irak está proporcionando apoyo económico y otras formas de asistencia a un número cada vez mayor de supervivientes. El programa representa una importante forma de reconocimiento por parte del Estado, pero muchos supervivientes siguen enfrentándose a barreras administrativas, desplazamiento y la ausencia de una rendición de cuentas plena por los crímenes cometidos contra ellos.

La Ley de Supervivientes Ezidíes, adoptada el 1 de marzo de 2021, creó un programa estatal de reparaciones para mujeres y niñas de las poblaciones ezidí, turcomana, cristiana y shabak que sobrevivieron a determinados crímenes cometidos por ISIS. También incluye a los niños ezidíes que fueron secuestrados y a personas pertenecientes a los grupos reconocidos que sobrevivieron a operaciones de asesinatos masivos.

La ley establece pagos económicos mensuales, además de acceso a atención médica y psicológica, educación, asistencia para la vivienda y medidas destinadas a localizar a las personas desaparecidas y preservar la memoria de quienes fueron asesinados. Su adopción fue ampliamente considerada un paso importante porque reconoció formalmente el sufrimiento de los supervivientes y atribuyó al Estado iraquí la responsabilidad de proporcionar apoyo a largo plazo.

Sin embargo, la aplicación comenzó lentamente. Las primeras tarjetas de pago se distribuyeron en marzo de 2023, dos años después de la adopción de la ley. Desde entonces, el número de solicitudes aprobadas ha aumentado gradualmente.

Según cifras del Gobierno iraquí, en mayo de 2025 había 2.354 personas recibiendo prestaciones. Entre ellas se encontraban 1.099 mujeres y niñas, 1.231 personas que habían sido secuestradas cuando eran niños y 24 supervivientes de asesinatos masivos. Cientos de beneficiarios también habían recibido terrenos residenciales, tarjetas sanitarias, apoyo psicológico y acceso a oportunidades educativas.

Una actualización de seguimiento publicada en junio de 2026 informó de que 2.496 supervivientes habían sido aprobados en virtud de la ley, mientras que 2.216 recibieron reparaciones durante el mes de mayo. Las cifras indican un progreso continuo, pero también revelan que no todos los supervivientes aprobados estaban recibiendo pagos en el momento de la actualización.

Los supervivientes siguen enfrentándose a barreras administrativas

Acceder al programa sigue siendo difícil para muchos solicitantes. Los supervivientes pueden verse obligados a recorrer largas distancias, reemplazar documentos perdidos durante el desplazamiento, acudir a varias oficinas gubernamentales y relatar repetidamente experiencias traumáticas antes de que sus solicitudes sean aprobadas.

Estos requisitos pueden resultar especialmente gravosos para las personas que viven en campamentos de desplazados, en el extranjero o en zonas con servicios públicos limitados. Los supervivientes que carecen de asistencia jurídica o de documentación completa pueden tener dificultades para gestionar el proceso de solicitud, incluso cuando tienen claramente derecho a recibir apoyo conforme a la ley.

Organizaciones internacionales y organismos de seguimiento han pedido a Irak que simplifique los procedimientos, refuerce la asistencia jurídica y aborde las deficiencias que siguen excluyendo a algunos supervivientes. Los retrasos administrativos también socavan el propósito de la ley cuando los solicitantes deben esperar años antes de recibir la ayuda destinada a permitirles reconstruir sus vidas.

El apoyo económico sigue siendo esencial, pero las reparaciones no pueden reducirse a pagos mensuales. Muchos supervivientes continúan viviendo con lesiones físicas, traumas psicológicos, inseguridad económica y la pérdida de familiares cuyo destino sigue siendo desconocido. Por tanto, una aplicación efectiva requiere un acceso constante a atención sanitaria, educación, vivienda y servicios psicológicos especializados, además de la compensación económica.

Las reparaciones no pueden sustituir la rendición de cuentas

El programa se ha desarrollado mientras siguen sin resolverse demandas más amplias de justicia. Un gran número de ezidíes continúa desplazado de Shingal, donde la reconstrucción, la seguridad y los servicios públicos siguen siendo insuficientes. Miles de familias no han podido regresar de forma permanente, mientras que muchas aldeas y viviendas aún no han sido completamente reconstruidas.

La búsqueda de los ezidíes desaparecidos tampoco ha concluido. Más de 2.500 personas secuestradas por ISIS siguen desaparecidas, y las familias continúan esperando información sobre sus familiares. Las fosas comunes siguen siendo investigadas, mientras que la identificación y devolución de los restos han avanzado lentamente.

La rendición de cuentas penal también ha seguido siendo limitada. Aunque miembros de ISIS han sido procesados en Irak y otros países, muchos casos se han centrado en delitos de terrorismo en lugar de genocidio, esclavitud, violencia sexual o crímenes de lesa humanidad. Los supervivientes han pedido reiteradamente procesos judiciales que reconozcan los crímenes específicos cometidos contra el pueblo ezidí.

Por tanto, el programa de reparaciones representa un avance, pero no puede sustituir la reconstrucción, la búsqueda de las personas desaparecidas, la rendición de cuentas penal y el retorno seguro de las familias desplazadas. Los pagos mensuales proporcionan reconocimiento y apoyo práctico, pero una justicia significativa exige que el Estado iraquí cumpla todas las disposiciones de la ley y aborde las consecuencias más amplias del genocidio.

Para los supervivientes, el éxito del programa se medirá en última instancia no solo por el número de solicitudes aprobadas, sino también por si la asistencia llega de forma constante a las personas, si los servicios son accesibles y si el Estado actúa ante las demandas aún no resueltas que llevan casi doce años sin respuesta.